Diputados de oposición han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reciente creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Los líderes parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados denuncian que esta reforma permitirá al gobierno tomar dinero de mexicanos mayores de 70 años.
La reforma, aprobada en abril por la mayoría oficialista en el Congreso, estipula que los recursos de cuentas inactivas en las administradoras de fondos para el retiro (Afores) serán transferidos al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Este fondo, con cerca de 40 mil millones de pesos, tiene el objetivo de garantizar pensiones de hasta casi 17 mil pesos para aquellos que se jubilen después de haber comenzado a trabajar formalmente en 1997.
Sin embargo, los líderes de la oposición argumentan que esto representa “un saqueo a los mexicanos” y afecta la propiedad y el patrimonio privados. Además, sostienen que el país enfrenta una crisis económica.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, declaró:
“Se presentó la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN y nosotros esperamos un procedimiento rápido para evitar que Morena se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años”, sostuvo el coordinador de los diputados del antes partido hegemónico PRI, Rubén Moreira.
Por su parte, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, explicó que en su recurso ante la SCJN se argumenta que la reforma viola los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución mexicana, los cuales protegen el derecho a la propiedad privada y prohíben la confiscación de bienes.
“Fueron los argumentos que nosotros estamos empleando en donde estamos absolutamente convencidos de que la Suprema Corte de Justicia habrá de fallar, no a favor de la Oposición, sino de las miles de personas que quizá ni siquiera saben que les acaban de sustraer sus recursos”, explicó.
En este contexto, detalló que se ha solicitado la suspensión de la norma, aunque la acción de inconstitucionalidad no la contempla de manera automática.
