Los gobernadores de los 32 estados de México, tanto los afines al gobierno de la 4T como los de la oposición, han enviado un Amicus Curiae a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitando que no elimine la medida de prisión preventiva oficiosa, destacando los riesgos que ello conlleva.
En su comunicado dirigido al máximo tribunal, los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores coinciden en que la eliminación de esta medida cautelar tendría un «grave impacto» en la seguridad del país.
“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”.
Advierten sobre los riesgos que conlleva
Los gobernadores señalan que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa afectaría a aquellos que están siendo juzgados por delitos de alto impacto y clara repercusión social, que en su momento fueron considerados graves.
Ojo: Los gobernadores del país, incluyendo a los del PRIAN, piden a la @SCJN que no desaparezca la prisión preventiva oficiosa pic.twitter.com/m3QCMT4om4
— Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) May 6, 2024
Asimismo, defienden que esta medida es parte de una política nacional de combate al crimen que permite un adecuado proceso penal, protegiendo a las víctimas, evitando la impunidad y garantizando la reparación del daño:
“Hacemos un llamado para que la SCJN considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables”, dijeron.
Por lo tanto, solicitaron a la ministra presidenta, Norma Piña, que se mantenga la «supremacía constitucional» sobre cualquier norma internacional, esto después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declarara «inconvencional» dicha medida cautelar.
