El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su apoyo al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, frente a la investigación iniciada por el Poder Judicial. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente acusó que la investigación parece ser una forma de venganza.
“Hay un debate en contra del exministro Zaldívar, y dejaron a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita, y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del exministro Zaldívar. Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza”, indicó.
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“Yo lo considero un abogado íntegro, un exmiembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud, por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara de combate a la corrupción y de nepotismo que existe en el Poder Judicial y de las componendas y de todo lo que significa la descomposición de ese poder, que está casi en su totalidad podrido, con honrosas excepciones de jueces, magistrados y de ministros”.
El presidente enfatizó que el Poder Judicial está al servicio de los poderosos y la “mafia del poder económico y político”, y que no representan los intereses del pueblo.
Respecto a la denuncia en contra de Zaldívar, López Obrador señaló que proviene de «los mismos del bloque conservador», a quienes describió como «personas muy finas».
¿Qué se investiga contra Záldivar?
La investigación de la SCJN, ahora dirigida por Norma Piña, se originó a partir de una denuncia anónima que alega que Zaldívar habría interferido en la autonomía e independencia de los operadores del sistema judicial para favorecer intereses personales o de terceros.
Además, se le acusa de presionar a los titulares de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia de la Corte y considerado su mano derecha.
Según el documento, estas presiones incluían promesas de beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo e incluso ofrecimientos de dinero, así como amenazas y extorsiones para lograr cambios de adscripción o iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
