El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se posicionó en contra del enfoque prohibicionista adoptado por gobiernos anteriores y continuado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con la regulación de drogas y productos como los vapeadores.
Álvarez Máynez criticó las estrategias gubernamentales, incluida la militarización del país y el enfoque punitivo penal, empleadas para abordar la profunda problemática de la violencia en México.
En este contexto, señaló la contradicción de seguir tales conceptos, recordando que la mayoría de los reclusos en las prisiones del país provienen de condiciones de pobreza.
Prohibición de la Marihuana.
Con respecto al tema de las drogas, Álvarez Máynez destacó que la prohibición afecta principalmente a jóvenes de bajos recursos, como aquellos que consumen marihuana.
Expresó su desacuerdo con la idea de que el consumo de drogas ilegales, como la marihuana, castiga de manera desproporcionada a la población más vulnerable.
Enfatizó que la criminalización de las drogas, en especial la marihuana, afecta principalmente a jóvenes de escasos recursos, y cuestionó la lógica detrás de la criminalización cuando la mayoría de las personas presentes en el evento en el ITESO no enfrentarían consecuencias legales por fumar un porro.
Prohibición de los vapeadores
Álvarez Máynez abordó también la decisión del gobierno de AMLO de prohibir los vapeadores en México, contradiciendo el discurso del presidente sobre «prohibido prohibir».
Afirmó su respaldo a la legalización de drogas como la marihuana y productos como los vapeadores, argumentando que la regulación permitiría al Estado conocer exactamente qué consume la población.
Enfatizó lo que el llamó hipocresía del enfoque prohibicionista y abogó por la legalización y regulación de drogas para obtener información precisa sobre lo que la población está consumiendo.
Concluyó que la estrategia de regulación es superior a los paradigmas prohibicionistas y punitivistas, calificándolos como «absurdos» en un país donde solo uno de cada doscientos delitos llega a juicio.