El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, ha sido beneficiado con un amparo por parte de un Tribunal Federal, lo que resultará en su liberación del Reclusorio Norte. Este fallo dispone que Lozoya enfrentará su proceso penal en prisión domiciliaria en relación con el caso de corrupción Odebrecht.
El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, miembro del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, propuso otorgar protección judicial al ex funcionario, argumentando que no existe un riesgo inminente de fuga.
Aunque la sentencia se notificó este martes, el tribunal aún no ha hecho pública la versión completa de su resolución.
Lozoya deberá utilizar un brazalete electrónico durante el transcurso de su proceso legal.
No ha ganado ningún juicio: FGR
La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en respuesta a la prisión domiciliaria de Lozoya Austin, enfatizando que el ex funcionario no ha ganado ningún juicio presentado por el Ministerio Público de la Federación.
El comunicado señala que Lozoya ha obtenido “privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados” de jueces y magistrados federales.
Suspensión definitiva en otro frente legal
El siete de febrero se informó que una jueza federal concedió una suspensión definitiva a Lozoya Austin en relación con un juicio que interpuso contra la resolución de un juez de control de la Ciudad de México, quien rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en el caso Odebrecht.
Es importante destacar que esta suspensión no implica la liberación inmediata de Lozoya, sino que su libertad personal queda sujeta al juzgado de amparo y al juez de control encargado del caso, mientras se resuelve el juicio de amparo de manera integral.
La jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, del Primer Tribunal de Distrito de Amparo en Materia Penal, fue la encargada de conceder la suspensión definitiva.
En este proceso, Emilio Lozoya busca revertir la resolución del 15 de diciembre de 2023, cuando se llevó a cabo una audiencia en la que solicitó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva.
