Inai rechaza que poderes públicos puedan asumir sus funciones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha mostrado disposición al diálogo para evaluar la iniciativa de reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca la desaparición de organismos autónomos. 

 

Sin embargo, el Inai enfatizó que ninguna entidad pública o ente con otras funciones constitucionales puede asumir sus responsabilidades.

 

El comisionado presidente, Adrián Alcalá, junto con las comisionadas Norma Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román, analizarán la propuesta de reforma y las acciones que el presidente López Obrador decida emprender, en conformidad con sus atribuciones constitucionales.

 

Ante la propuesta presentada al Poder Legislativo como parte del paquete de iniciativas del presidente, el Pleno del Inai interpreta la iniciativa como un llamado al diálogo, la construcción de consensos y la deliberación pública, elementos esenciales en un régimen político dentro de un Estado constitucional y democrático de Derecho

 

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Admiten estar abiertos al dialogo

 

Los miembros del Pleno del Inai expresaron su disposición a participar activamente en ejercicios de parlamento abierto, conversatorios, foros y otros espacios que faciliten el debate y resalten la importancia de contar con un organismo constitucional autónomo, independiente de los poderes públicos. 

 

Asimismo, manifestaron su disposición para identificar aspectos de la legislación secundaria que requieran revisión y actualización, con el objetivo de mejorar el desempeño del organismo.

 

No obstante, el comisionado presidente y las comisionadas advirtieron enfáticamente que las funciones del Inai no deben quedar sujetas a ningún poder público o entidad con otras funciones constitucionales. 

 

Se subrayó que ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Secretaría de la Función Pública pueden asumir las responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, ya que la protección efectiva de acceso a la información y de protección de datos personales requiere de una institución autónoma, especializada e imparcial, que ejerza sus competencias constitucionales con una perspectiva garantista.»