La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció este jueves 18 de enero la captura de Raymundo Martínez Carbajal, exalcalde de Toluca, quien estaba prófugo desde noviembre de 2023. Martínez Carbajal enfrenta cargos relacionados con un presunto secuestro exprés.
La aprehensión fue llevada a cabo por elementos de la policía ministerial militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso (CONAHO) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según informó la FGJEM a través de sus redes sociales.
Aunque no se proporcionaron detalles sobre el lugar de la detención, la Fiscalía mencionó que Raymundo Martínez Carbajal será trasladado al Estado de México después de su certificación.
Los cargos que se le imputan a Martínez Carbajal se remontan al 12 de abril de 2023, cuando, aún en funciones como presidente municipal de Toluca, presuntamente ordenó a la policía municipal ingresar a las oficinas de su exsuegro sin contar con una orden judicial.
La víctima, identificada como O.E.R.C., también funcionario público en el municipio, fue privada de su libertad y trasladada a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal, según detalló la FGJEM en un comunicado. La hija de la víctima presentó la denuncia ante el Ministerio Público.
“Lo privaron de su libertad para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal, donde lo mantuvieron en cautiverio. Ante tal hecho presumiblemente constitutivo de delito, este fue denunciado ante el agente del ministerio público por la hija de la víctima”, dijo la autoridad mexiquense a través de un comunicado.
Las investigaciones revelaron que el exalcalde amenazó a su esposa, Viridiana Rodríguez Rico, exigiendo la devolución inmediata de documentos personales como condición para la liberación de la víctima.
En caso de ser hallado culpable, Raymundo Martínez Carbajal podría enfrentar una pena de entre siete y 20 años de prisión. Cabe destacar que la condena podría aumentar a 10 años debido a la intrusión ilegal en el inmueble.
