Emilio Lozoya permanecerá en detención después de que un magistrado le negara la modificación de su medida cautelar, la cual le habría permitido llevar su proceso en libertad en relación con el caso Odebrecht. En esta causa, Lozoya enfrenta cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
El juez suplente de Enjuiciamiento, José Rivas González, estableció que no se habían cumplido los dos años requeridos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual sostiene que la prisión preventiva no debe exceder dicho plazo en ningún caso.
“Creemos que hoy Emilio Lozoya estará en libertad, como debió ser desde el principio cuando llegó a México”, afirmó el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, antes de la audiencia.
El magistrado señaló que este lapso no se había completado debido a la aplicación del criterio de oportunidad al que recurrió, lo que le impidió cumplir con el tiempo establecido.
La audiencia en la que se determinó que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), permanecerá en prisión por supuestos sobornos millonarios en el caso Odebrecht, se prolongó más de lo previsto debido a un cambio de juez.
Lozoya lleva dos años en prisión y busca obtener libertad condicional mediante un cambio en las medidas cautelares, con la posibilidad de prisión domiciliaria y el uso de un brazalete electrónico.
Inicialmente, se esperaba que la audiencia fuera breve, pero se extendió debido a la ausencia del juez original, quien estaba de vacaciones, y a la asignación de un sustituto que no estaba completamente familiarizado con el caso.
Anteriormente, Lozoya renunció a una suspensión definitiva otorgada por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México, ya que esta habría impedido al juez tomar decisiones sobre su solicitud de llevar a cabo el proceso en libertad, manteniendo así su situación de prisión.
Lozoya enfrenta acusaciones de recibir presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña electoral y la presidencia de Peña Nieto. Este mes, la FGR solicitó una condena de hasta 39 años de prisión para Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.
