El Congreso local pidió a la Auditoria Superior del Estado (ASENL) realizar una investigación a la firma constructora Tordec, misma que tiene vínculos fiscales con el despacho de Samuel Orlando Mascorro, padre del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Según el panista Carlos de la Fuente, Tordec habría recibido hasta 18 contratos por parte del Gobierno de Nuevo León por un monto total de 178 millones de pesos.
Por lo que el conflicto de intereses pondría en entredicho la condición “anticorruptible” que se presume en la administración de García.
“En diversas ocasiones, el ahora gobernador con licencia, Samuel García, ha afirmado que este gobierno no roba, que es incorruptible, además de señalar que él no ocupa pruebas, que con algo que ‘huela mal”, en referencia a corrupción y malas prácticas, será motivo suficiente para que se vayan los funcionarios de los cargos públicos; sin embargo, esto ha sido sólo una pose y un mero discurso demagógico que se ha quedado en palabras”, acusó De la Fuente frente al Pleno.
Así pues, el legislador asegura que en 2022 la empresa fue beneficiada con el contrato 2206007, de acuerdo con datos proporcionados por el Estado, proyecto que rehabilitó un tramo de poco más de diez kilómetros de la carretera estatal entre Monterrey y Salinas Victoria.
Además, entre ese y otros contratos, la firma Jurídica y Fiscal perteneciente al padre de Samuel García, le habría facturado a Tordec más de 8 millones de pesos entre 2020 y 2021.
“Solicitamos a la Auditoría Superior del Estado una revisión de situaciones excepcionales fundamentada en el artículo 136 de la Constitución Política del Estado para que se haga una revisión de los contratos otorgados a la empresa constructora Tordec“, externó De la Fuente.
No obstante, Tordec ha negado dichas acusaciones pues asegura que los contratos otorgados fueron ganados de acuerdo a la ley.
“En caso de que la Auditoría Superior del Estado decida llevar a cabo un proceso de revisión del ejercicio 2022, aportaremos los elementos necesarios para confirmar que nuestra participación ha sido y seguirá siendo dentro de los términos que marca la legislación vigente”, aseguró la constructora mediante un comunicado.
