La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció penalmente al gobierno de Nuevo León ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el manejo de más de 7 mil 200 millones de pesos, recursos que habrían sido transferidos mediante diversas empresas hasta llegar a un despacho jurídico relacionado con el gobernador Samuel García y su padre, Samuel Orlando García.
La denuncia, presentada el pasado 16 de octubre, forma parte de los hallazgos incluidos en el informe de la Cuenta Pública 2025, donde el organismo fiscalizador documentó una serie de operaciones que presuntamente permitieron desviar recursos del presupuesto estatal.
ASF identifica presunta red de empresas para triangular recursos
En el documento entregado a la Cámara de Diputados, la auditoría expone un esquema de transferencias entre dependencias del gobierno estatal, constructoras, comercializadoras y empresas de servicios, mediante el cual una parte del dinero habría terminado en el despacho jurídico vinculado a la familia García.
De acuerdo con el reporte, la administración estatal realizó cuatro transferencias principales que, a través de distintas operaciones entre empresas, permitieron canalizar 928.13 millones de pesos al despacho.
El informe también incorpora un diagrama para mostrar la ruta que habrían seguido los recursos públicos y las cantidades transferidas entre las compañías involucradas.
Así habría sido la ruta de los 7 mil 200 millones de pesos
La ASF detalló que uno de los movimientos más importantes correspondió a una transferencia de 5 mil 851 millones de pesos del gobierno estatal a una constructora. Posteriormente, esta empresa transfirió 5 mil 154.6 millones a otra compañía, que finalmente habría enviado 385.3 millones al despacho jurídico.
En otra operación, la administración de Nuevo León pagó 964 millones de pesos a una comercializadora. De ese monto, 237 millones llegaron a una empresa de alimentos, que habría transferido 202.9 millones al despacho. El resto de los recursos se distribuyó entre tres particulares.
Asimismo, se identificó un pago de 243 millones de pesos a una empresa de servicios, la cual entregó 65.5 millones a una consultoría. Esta última conservó 2.6 millones y transfirió el resto al despacho relacionado con el gobernador y su padre.
Una cuarta operación involucró 154.2 millones de pesos entregados a otra compañía, que a su vez realizó pagos por 144.4 millones a una empresa de equipamiento. De esa cantidad, 77.03 millones habrían llegado al despacho jurídico.
El informe también señala que estas operaciones estarían relacionadas con la adquisición de una propiedad valuada en mil millones de pesos, presuntamente por parte del gobernador.
Auditoría advierte patrones similares en Nuevo León y Sinaloa
Durante la presentación de los hallazgos, el auditor Aureliano Hernández explicó que en Nuevo León y Sinaloa se identificaron mecanismos de triangulación y simulación de operaciones para transferir recursos públicos a empresas y personas físicas con posibles vínculos familiares con servidores públicos.
“Tenemos mapeado el movimiento de los recursos”, señaló el funcionario al explicar que las investigaciones permitieron identificar patrones en las operaciones financieras.
ASF también investiga contratos vinculados a los hijos de Rubén Rocha Moya
El informe de la Cuenta Pública 2025 también documenta presuntas irregularidades en Sinaloa, relacionadas con el gobierno del exmandatario Rubén Rocha Moya.
En este caso, la ASF identificó contratos de obra pública adjudicados por distintas dependencias estatales y municipales a una constructora constituida por los dos hijos del exgobernador, quienes habrían participado como accionista y administrador único, así como apoderado legal.
La auditoría detectó que la compañía recibió depósitos que superaban considerablemente los montos correspondientes a las obras públicas realizadas y que, posteriormente, transfirió recursos entre sus propias cuentas.
Además, el organismo fiscalizador señaló que la constructora habría enviado dinero a los hijos de Rocha Moya incluso después de que estos dejaron de formar parte de la empresa.
Con esos recursos, según el reporte, se realizaron pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de “pago de préstamo”.
Las investigaciones de ambos casos forman parte de las revisiones de la ASF sobre el manejo de recursos públicos y las posibles irregularidades en las operaciones financieras de gobiernos estatales y municipales.
