Este martes 29 de septiembre, La Corte Suprema de Estados Unidos dio a conocer que autorizó al Gobierno de Donald Trump reaundar la deportación de migrantes a países de los que no provienen.
Dicha medida también impide a los migrantes —que sufran esta específica condición de los “terceros países”— apelar o demostrar que son víctimas de perjuicios por parte de los agentes migratorios.
Para la administración de Trump, la reanudación de las deportaciones bajo tal estipulación sirve como una herramienta para expulsar a los migrantes de manera menos burocrática, rápida y eficiente.
Suspensión de fallo de juez
El tribunal de apelaciones concedió una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para frenar temporalmente la decisión del juez federal Brian Murphy, quien previamente había declarado ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional que permite enviar a migrantes a “terceros países”.
Miles de deportaciones arbitrarias
La sentencia de Murphy se había producido en medio de protestas por defensores de los derechos de los migrantes, así como también de migrantes, quienes trataban de detener las deportaciones a terceros países “sin previo aviso” ni derecho a denunciar tales perjuicios.
Según recuentos de grupos de defensa por los derechos humanos, más de 25 mil migrantes han sido deportados a 29 países en virtud de la política implementada el año pasado, y la gran mayoría ha sido destinada a México.
De esta forma, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo deportaciones a terceros países, concretamente a Sudán del Sur, un país políticamente inestable ante el que el Departamento de Estado insta a sus ciudadanos a evitar debido a los riesgos de delincuencia, secuestro y conflicto armado, así como a Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana, entre otros países.
Con esta medida cautelar la administración de Donald Trump podrá continuar aplicando dichos traslados migratorios mientras los tribunales resuelven el fondo del litigio de manera definitiva.
