A más de un año de los hechos que estremecieron al país, un tribunal dictó una sentencia de 78 años y nueve meses de prisión contra tres personas responsables del secuestro y asesinato de Fernandito, un niño de cinco años cuya desaparición y muerte generaron indignación nacional.
De acuerdo con las investigaciones, el menor fue privado de la libertad como una forma de presión contra su madre debido a un conflicto relacionado con una deuda económica. Tras la desaparición del niño, comenzaron las labores de búsqueda y las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.
Durante varios días, familiares intentaron localizar al menor sin éxito. La situación generó preocupación entre vecinos y habitantes de la zona, quienes se sumaron a las exigencias para encontrarlo con vida.
EL MENOR FUE ENCONTRADO SIN VIDA
Las investigaciones permitieron localizar a Fernandito sin vida en un inmueble del Estado de México. Los peritajes realizados posteriormente determinaron que el menor presentaba diversas lesiones físicas provocadas antes de su fallecimiento. La noticia causó una profunda conmoción debido a la corta edad de la víctima y a la violencia ejercida en su contra. El caso rápidamente se convirtió en un símbolo de la exigencia de justicia para las víctimas más vulnerables.
Familiares, colectivos ciudadanos y usuarios de redes sociales mantuvieron durante meses una intensa campaña para evitar que el crimen quedara impune y para que los responsables enfrentaran las consecuencias legales correspondientes.
SENTENCIA Y REPARACIÓN DEL DAÑO
Además de la pena de prisión, la autoridad judicial ordenó el pago de multas y medidas de reparación del daño en favor de la familia de la víctima.
La sentencia representa un paso importante en la búsqueda de justicia para Fernandito, un caso que dejó una profunda huella en la sociedad mexicana y que reavivó el debate sobre la protección de la infancia y el combate a los delitos cometidos contra menores de edad. Para familiares y personas que acompañaron el caso, la resolución judicial representa el cierre de una larga lucha legal y el reconocimiento de la gravedad de los hechos que terminaron con la vida del menor.
