Vinculan a proceso a Alan Gael ‘N’, presunto feminicida de Dianna Rivera Romero, en Edomex

Un juez del Estado de México resolvió vincular a proceso a Alan Gael “N”, acusado de ser el presunto responsable del feminicidio de Dianna Rivera Romero, joven cuyo caso ha generado indignación y movilización social en la entidad. La determinación se tomó tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que acreditaron la probable participación del imputado en el crimen.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Dianna Rivera Romero fue reportada como desaparecida en Ecatepec. Días después, su cuerpo fue localizado en circunstancias que apuntan a un ataque con violencia de género. La Fiscalía sostiene que Alan Gael “N” habría agredido a la víctima en un contexto de feminicidio, lo que derivó en la apertura del proceso penal en su contra.

PRUEBAS Y MEDIDAS CAUTELARES

El Ministerio Público presentó elementos suficientes para que el juez dictara la vinculación a proceso. Como medida cautelar, se ordenó la prisión preventiva del acusado, quien permanecerá recluido en un centro penitenciario del Estado de México mientras se desarrolla la investigación complementaria.

El caso ha generado gran indignación entre colectivos feministas y ciudadanos, quienes han exigido justicia para Dianna y mayor seguridad para las mujeres en el Estado de México, entidad que registra altos índices de feminicidios. En redes sociales, el nombre de la joven se ha convertido en símbolo de la lucha contra la violencia de género.

SIGUIENTE ETAPA DEL PROCESO

El juez fijó un plazo para que la Fiscalía reúna más pruebas y fortalezca la acusación. Posteriormente, se determinará si el caso avanza hacia la etapa de juicio oral. La familia de Dianna Rivera Romero ha pedido que el proceso se lleve con transparencia y que no exista impunidad.

El feminicidio de Dianna se suma a una larga lista de casos que han marcado al Estado de México como una de las entidades más críticas en materia de violencia contra las mujeres. Organizaciones civiles insisten en que se refuercen las políticas públicas de prevención y atención, así como en la necesidad de garantizar justicia pronta y efectiva.