La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) enfrenta una investigación del Congreso por una estrategia que permitió que importantes cargamentos de fentanilo continuaran su recorrido hacia las calles mientras agentes federales buscaban obtener pruebas para construir casos penales más amplios.
La práctica, conocida dentro de las investigaciones como dejar que las drogas “caminen”, ahora es revisada por legisladores, autoridades estatales y el inspector general del Departamento de Justicia.
COMITÉ DE LA CÁMARA EXIGE INFORMACIÓN A LA DEA
James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, solicitó al secretario de Justicia, Todd Blanche, documentos relacionados con las operaciones en las que agentes federales siguieron cargamentos de fentanilo sin detenerlos de inmediato.
En una carta, Comer cuestionó que las autoridades hayan permitido el traslado de cantidades consideradas extraordinarias de esta droga bajo el argumento de preservar investigaciones de mayor alcance.
El legislador republicano señaló que, aunque la DEA no puede interceptar todos los envíos que detecta, una política que implique deliberadamente no detener grandes cargamentos podría haber tenido consecuencias graves para las comunidades.
Nuevo México, uno de los focos de la controversia
La polémica cobró fuerza en Nuevo México, donde informantes de la DEA denunciaron que agentes recibieron instrucciones para observar operaciones relacionadas con cientos de miles de pastillas de fentanilo en lugar de decomisarlas.
El fiscal general estatal, Raúl Torrez, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia para obtener documentos vinculados con estas operaciones. Los registros solicitados coinciden parcialmente con los que ahora busca el Comité de Supervisión de la Cámara.
Una investigación de The Associated Press reveló que agentes de la DEA siguieron grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, mientras los narcóticos continuaban en circulación y las autoridades intentaban reunir elementos para fortalecer procesos judiciales.
AGENTES OBSERVARON CARGAMENTOS DE HASTA 100 MIL PASTILLAS
De acuerdo con la investigación, agentes desplegados en Albuquerque llegaron a vigilar desde helicópteros y vehículos a presuntos distribuidores que trasladaban mochilas con cantidades que podrían alcanzar las 100 mil pastillas de fentanilo.
En una de las operaciones posteriormente anunciadas por las autoridades, fueron aseguradas cerca de 3 millones de pastillas. Sin embargo, los investigadores habrían permitido que otros cargamentos de mayor tamaño siguieran avanzando antes de intervenir.
Un exsupervisor de la DEA involucrado en el caso sostuvo que la red criminal pudo haber sido desarticulada meses antes. Actualmente, se encuentra entre los denunciantes que han cuestionado públicamente la estrategia.
Investigación busca determinar si la práctica se extendió a otros estados
El caso de Nuevo México podría no ser aislado. El organismo de supervisión interna del Departamento de Justicia anunció una revisión nacional para determinar si estrategias similares fueron utilizadas en otras investigaciones contra el narcotráfico.
La revisión contempla las políticas empleadas por las autoridades federales y determinadas investigaciones que recurrieron a intervenciones telefónicas.
El objetivo será establecer hasta qué punto las agencias permitieron que drogas ilícitas continuaran circulando como parte de operaciones encubiertas y si estas acciones se ajustaron a los protocolos federales.
CONTRADICCIÓN EN PLENA CRISIS POR SOBREDOSIS DE FENTANILO
El caso genera especial controversia debido a la dimensión de la crisis provocada por el fentanilo en Estados Unidos. La propia DEA ha advertido durante años sobre el riesgo de consumir incluso cantidades muy pequeñas del opioide sintético mediante su campaña “One Pill Can Kill”.
La estrategia investigada también contrasta con los esfuerzos oficiales para frenar la distribución de la droga. En 2025, la Casa Blanca llegó a calificar al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”.
Mientras avanzan las investigaciones del Congreso y del Departamento de Justicia, la DEA defiende que sus operaciones se desarrollan dentro del marco legal y buscan construir investigaciones de largo alcance contra las organizaciones criminales.
La controversia, sin embargo, pone sobre la mesa una pregunta central: ¿hasta dónde pueden llegar las autoridades para obtener pruebas contra una red de narcotráfico antes de que el costo para la población se vuelva inaceptable?
