El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado en las últimas semanas tres de sus principales batallas políticas: limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, influir en las decisiones de la Reserva Federal y mantener un esquema de aranceles contra socios comerciales. Estas acciones han generado tensiones con el Tribunal Supremo, que ya ha frenado algunos de sus intentos.
ARANCELES Y COMERCIO INTERNACIONAL
Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) para imponer tarifas a México, Canadá y China, alegando que no controlan el flujo de migrantes y fentanilo hacia EE.UU. También fijó un arancel del 10% a casi todos los países. El Supremo rechazó esta medida, argumentando que la ley no autoriza regular importaciones de esa manera. Ante el revés, la administración buscó otros mecanismos legales, como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, lo que ha derivado en nuevas demandas en tribunales especializados.
LIMITACIÓN DE LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO
Otro eje de su agenda es restringir la ciudadanía automática para hijos de padres no ciudadanos. El Supremo reafirmó que la Decimocuarta Enmienda garantiza este derecho. Sin embargo, Trump firmó dos órdenes ejecutivas:
- Negar documentos que reconozcan como ciudadanos a ciertos niños nacidos en EE.UU.
- Impedir visas a quienes ingresen al país con la intención de dar a luz. Expertos constitucionales advierten que estas medidas reinterpretan la ley y podrían ser objeto de nuevos litigios.
PRESIÓN SOBRE LA RESERVA FEDERAL
Trump también ha intentado remover a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, alegando irregularidades en sus hipotecas. El Supremo determinó que no puede hacerlo, pues la independencia de la Fed es esencial para evitar manipulaciones políticas en la política monetaria. Aun así, la Casa Blanca envió nuevas notificaciones a Cook, insistiendo en las mismas acusaciones.
EL PAPEL DEL SUPREMO
Aunque el Tribunal Supremo ha frenado varios intentos de Trump, también ha ampliado el poder del Ejecutivo en otros casos, permitiéndole despedir funcionarias de agencias independientes y limitar protecciones migratorias. El uso del llamado “shadow docket”, un mecanismo de emergencia, ha sido cuestionado por la rapidez y falta de razonamiento en sus decisiones.
Las medidas de Trump han generado un intenso debate político y jurídico. Sus seguidores celebran la firmeza de su agenda, mientras críticos alertan sobre el riesgo de debilitar el equilibrio de poderes y la independencia de instituciones clave. El pulso entre el Ejecutivo y el Supremo se perfila como uno de los capítulos más tensos de su administración.
