La decisión de Sony de dejar atrás los videojuegos físicos ya llegó al terreno legal en México. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas y la diputada federal Iraís Reyes, ambos de Movimiento Ciudadano, presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio contra Sony Interactive Entertainment por presuntas prácticas monopólicas, al considerar que la medida podría afectar la competencia y los derechos de millones de consumidores.
La controversia surgió luego de que la compañía anunciara que, a partir de enero de 2028, dejará de producir videojuegos en formato físico para las consolas PlayStation. De concretarse este cambio, la PlayStation Store se convertiría en el único canal oficial para adquirir nuevos títulos, lo que, según los legisladores, permitiría a la empresa establecer precios y condiciones de venta sin competencia directa.
Colosio advirtió que esta transición podría traducirse en un incremento en los precios de los videojuegos, además de eliminar opciones que hoy benefician a los jugadores, como la compra de títulos usados, el préstamo entre usuarios, el intercambio y la reventa de discos. También señaló que, al adquirir un juego digital, el consumidor obtiene únicamente una licencia de uso y no la propiedad plena del contenido, lo que deja abierta la posibilidad de que el acceso sea restringido por la empresa.
Yo ni soy jugadora pero si lo analizas es interesante lo que está sucediendo con playstation
A ver, mi cabeza piensa en agenda 2030.. pero la realidad es que hasta PROFECO anda vigilando lo que están haciendo en México, no se que piensan…
Sobre todo que Colosio sea el vocero 🤔 pic.twitter.com/UW90Qib6jr— Miss FiFí 🧙🏼♀️🐶 (@fifislyck) August 4, 2026
Por su parte, Iraís Reyes aclaró que la denuncia no busca impedir la evolución hacia el formato digital, sino evitar que esa transición se convierta en una imposición para los consumidores. La legisladora destacó que más de 340 mil personas han respaldado esta preocupación mediante una petición ciudadana.
Además de la denuncia, ambos legisladores trabajan en una iniciativa para regular la propiedad digital en México, con el objetivo de fortalecer los derechos de los consumidores y establecer reglas claras sobre la adquisición y conservación de contenidos digitales, tomando como referencia legislaciones que ya existen en otras partes del mundo.
