El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han ordenado el aseguramiento o congelamiento de las cuentas bancarias de Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. A través de un comunicado conjunto, las autoridades precisaron que tampoco existe alguna solicitud en ese sentido dentro de la investigación relacionada con el caso de huachicol ferroviario y la empresa Ingemar, de la cual Ernesto Ruffo Appel es accionista mayoritario.
El Gabinete de Seguridad detalló que la petición presentada por el Ministerio Público Federal ante la UIF contempla únicamente a las personas físicas y morales expresamente señaladas en la carpeta de investigación.
En ese sentido, subrayó que Verónica Ruffo no figura entre las personas sujetas a las diligencias ni a solicitudes de inmovilización de recursos.
MEDIDAS FINANCIERAS SE APLICAN SOLO A PERSONAS INVESTIGADAS
Las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la FGR y la Guardia Nacional, explicaron que las solicitudes para inmovilizar recursos financieros se sustentan en la existencia de indicios suficientes sobre un riesgo fundado, actual y verificable de que los bienes o recursos de las personas investigadas puedan utilizarse para cometer, continuar u ocultar actividades ilícitas, ser transferidos de manera inmediata o formar parte de esquemas financieros vinculados con la delincuencia organizada.
Las dependencias enfatizaron que estas medidas se aplican exclusivamente a las personas incluidas en la investigación correspondiente.
Ocho personas enfrentan proceso por contrabando de combustibles
Las autoridades señalaron que las medidas solicitadas corresponden a los investigados Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
Los ocho fueron vinculados a proceso por un juez por su presunta responsabilidad en los delitos de contrabando, ilícitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada, al ser señalados por la FGR de integrar una organización dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.
El Gabinete de Seguridad afirmó que las instituciones federales continuarán actuando con estricto apego al Estado de Derecho, privilegiando la coordinación interinstitucional, el respeto al debido proceso y la protección de los derechos de las personas involucradas en las investigaciones.
