El Gobierno de México informó que ha presentado 20 denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de migrantes mexicanos ocurridas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de una estrategia para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.
Las denuncias fueron promovidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), luego del incremento de casos registrados en distintos estados del vecino país del norte.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, ocho denuncias fueron presentadas ante fiscalías estatales y 12 más ante fiscalías de condados en entidades como Arizona, California y Texas.
Asimismo, la FGR formalizó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar investigaciones sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes de al menos 17 ciudadanos mexicanos.
Caso de Lorenzo Salgado detonó la ofensiva legal
El endurecimiento de la postura del Gobierno mexicano ocurrió tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció durante un operativo del ICE en Houston, Texas.
La Cancillería señaló que las gestiones diplomáticas realizadas previamente no habían generado resultados satisfactorios, por lo que optó por recurrir a mecanismos judiciales y de derechos humanos para buscar responsabilidades.
México solicita intervención de la ONU
Además de las acciones penales, el Gobierno mexicano solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezado por Volker Türk, con el propósito de que se dé seguimiento a los casos y se garantice el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Las autoridades también informaron que continúan brindando acompañamiento jurídico, consular y administrativo a las familias de las víctimas durante los procesos legales.
El Gobierno de México reiteró que buscará que las autoridades estadounidenses investiguen cada uno de los casos y sancionen a los responsables, al considerar que las muertes de migrantes bajo custodia representan una preocupación creciente en materia de derechos humanos.
Las acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la protección consular de los mexicanos en el exterior y exigir transparencia en los procedimientos del ICE.
