Por Abril Carro
Criminales de cuello blanco se aprovechan de la gentrificación.
Mientras la ciudadanía se encuentra ocupada protestando por el Cablebus, en las entrañas de la ciudad de Puebla muchas personas están siendo despojadas de las casas en las que han vivido toda su vida, de manera cruel, violenta y bajo una ola de corrupción que revela cómo opera el verdadero crimen: los delincuentes de cuello blanco. Ellos, junto con servidores públicos corruptos, han perfeccionado esta estrategia y se han convertido en lo que el gobernador Alejandro Armenta denominó como el «Cartel del despojo».
La gentrificación es un problema que se gestó en las capitales europeas y luego se trasladó a las urbes mexicanas. Se resume en privilegios de capital y en nomadismo internacional. Ante el avance de la tecnología, que permite trabajar desde casa, personas de diversas partes del mundo globalizado, han optado por emigrar a países como el nuestro. No solo se benefician de la xenofilia local —que les otorga un trato privilegiado por el simple hecho de ser extranjeros—, sino que además tienen ventajas económicas sobre los locales, pues sus salarios son mayores que el promedio nacional. Esto provoca un incremento en el costo de la vivienda y genera una movilización social profundamente injusta.
En Puebla ocurre algo curioso: al ser una ciudad cercana a la capital, no solo son los extranjeros quienes gentrifican. Muchos citadinos conservan su trabajo en la CDMX pero se mudan a Puebla precisamente en busca de una vivienda más económica y, por ende, de una mejor calidad de vida. Así, las personas que han sido víctimas de la gentrificación terminan por gentrificar otras zonas.
Ante este fenómeno económico y social, hay quienes buscan sacar ventaja a costa de los más vulnerables. Es así como dentro de la capital poblana se ha consolidado el «Cartel del despojo». Su modus operandi comienza con la investigación de predios cuyo dueño ha muerto y cuya familia no ha podido reclamar la herencia, ya sea por falta de recursos para pagar el impuesto sucesorio o por otros conflictos familiares.
Luego, para deshacerse de los habitantes del inmueble, comienzan a inventar rumores, algunos tan absurdos como: «Pepe Chedraui va a ocupar el edificio», «El dueño lo vendió», «Protección Civil lo declaró inhabitable», entre otros. Dejan «notitas» en las puertas de las casas, sin firma ni identificación, solo un papel con amenazas. Entran a los edificios, colocan vigas y empiezan a volver inhabitables los espacios que pueden.
Ante estas amenazas, muchos vecinos que tienen posibilidad se mudan cuanto antes, todo sin ninguna certeza, sin notificación formal, sin escrito institucional, sin respetar contrato alguno ni siquiera presentando identificación, solo con las intimidaciones y los rumores que ni siquiera tienen rostro. Los que se quedan son aquellos que saben que están violando sus derechos y los que no pueden irse porque no tienen recursos ni a dónde ir.
Es entonces cuando comienza el acoso por parte de alguna inmobiliaria o despacho legal. En un principio, les ofrecen a los vecinos restantes dos mil pesos para su mudanza a cambio de que firmen que se van por cuenta propia y reconocen al «nuevo dueño». Esto lo hacen para prevenir demandas y asegurar evidencias que les ayuden a quedarse con el inmueble.
Con los pocos vecinos que aún resisten, las intimidaciones se intensifican: cartas de mediación legal falsas, visitas de acoso acompañadas por la policía, cortes de luz y agua, e incluso hay casos en donde se han presentado personas armadas y encapuchadas que durante la madrugada han entrado a los condominios dañando la propiedad o lastimando incluso directamente a varias personas.
Además, como si no fuera poco se levantan carpetas de investigación falsas e improcedentes en su contra. En donde se les acusa a los vecinos, quienes tienen la posesión de la propiedad, del delito de despojo, irónicamente. Todas estas acciones se realizan con el apoyo de personal de la Comisión Federal de Electricidad, Policía Municipal, Registro Público de la Propiedad, Fiscalía, Protección Civil, etcétera.
Mientras tanto, se compra la regularización o el cambio de escrituras mediante sobornos a notarios, jueces y magistrados. Además, se realizan remodelaciones no registradas en los inmuebles, con el objetivo de elevar el precio de los departamentos, gentrificando así edificios valuados en millones de pesos en el centro de la ciudad, todo a costa del despojo, principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.
Estos no son delincuentes comunes, sino que cuentan con el respaldo del dinero y el poder. Se aprovechan del desconocimiento y la vulnerabilidad de quienes habitan estos espacios —en su mayoría adultos mayores incapaces—, haciendo imposible una lucha justa, pues compran al por mayor a las autoridades de las dependencias ya mencionadas.
La vida se vuelve insostenible para quienes no cuentan con el amparo de la ley ni de la justicia, porque ante las denuncias presentadas ante la Contraloría por la ineficacia y corrupción de las autoridades, la respuesta es una investigación que tardará hasta siete años, más del tiempo que muchos de estos funcionarios permanecerán en la administración pública.
Compartir esta información es importante, porque ante la corrupción y la impunidad, lo único que puede defendernos es que, como ciudadanos, nos protejamos entre nosotros. Debemos señalar esta problemática y presionar para que las autoridades presenten un protocolo efectivo, establezcan una línea directa de denuncias, investiguen a las notarías y destituyan a los responsables, El gobernador ya reconoció la existencia de este cartel, ahora esperamos una línea directa, un protocolo efectivo y el debido castigo para estos delincuentes.
Las autoridades de la CDMX han establecido un Gabinete del Despojo; exijamos uno en Puebla. Esto no solo afecta a quienes viven, sino que muchas personas están siendo víctimas de fraudes inmobiliarios, con construcciones mal hechas, inseguras y con riesgo de compra fraudulenta o inversiones falsas. Estas propiedades no deberían terminar en manos del cartel, sino del Estado, para que pueda repartirlas de forma justa a quienes verdaderamente las necesitan, sumándose a programas como el de las viviendas del Bienestar.
Para quienes reconozcan este modus operandi o conozcan a alguien que esté viviendo esta situación, recordamos: tomar fotos en todo momento, pedir identificaciones, no confiar en las autoridades si no hay pruebas ni documentos que respalden su actuar, y si no hay una notificación formal y legal, cuidarse de falsificaciones. Es momento de armar grupos vecinales; hoy más que nunca debemos organizarnos con nuestros vecinos para proteger nuestras viviendas.
Ya es noticia nacional: hoy suena el «Cartel poblano del despojo». Hace tiempo que viene ocurriendo en la Ciudad de México, tanto que podemos tomar su ejemplo en la organización social, que parece ser lo único que ha funcionado contra estas injusticias. En la CDMX ya hay una organización formal de víctimas del despojo. ¡Creemos una en Puebla! Salgamos a las calles a protestar. Señalemos, presionemos, acompañemos y acuerpemos. La vivienda es un derecho, no una mercancía.
