Tras varias semanas de protestas en Sinaloa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició mesas de diálogo con comunidades indígenas Mayo-Yoreme de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo, inconformes con la construcción de una planta de amoniaco impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente. La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, acudió el 12 de junio a la zona para escuchar los reclamos de habitantes y representantes comunitarios, quienes señalan que el proyecto podría provocar afectaciones ambientales en la bahía y alterar el modo de vida de familias dedicadas principalmente a la pesca.
Las comunidades opositoras han señalado que no existió una consulta libre, previa e informada sobre la planta y sus posibles impactos. Además, en días recientes intensificaron sus movilizaciones y presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para solicitar la cancelación del proyecto.
De acuerdo con los habitantes, la instalación industrial representa riesgos para el ecosistema de la Laguna-Bahía de Ohuira, una zona de importancia ambiental y económica para la región.
AUTORIDADES ACUERDAN INSPECCIÓN Y MESAS PERMANENTES
Durante la reunión realizada en Los Mochis, autoridades federales, estatales y municipales establecieron cuatro acuerdos principales: continuar las mesas de diálogo, realizar una inspección ambiental actualizada, abrir comunicación directa con la empresa promotora y garantizar el derecho de las comunidades a manifestarse.
La Profepa realizará una revisión en la zona con participación de representantes comunitarios y autoridades federales, con el objetivo de verificar el estado de las obras y el cumplimiento de la normatividad ambiental.
“Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco”: Bárcena
Alicia Bárcena sostuvo que las autorizaciones ambientales deben estar sujetas a vigilancia permanente y que la autoridad tiene la responsabilidad de actuar ante cualquier incumplimiento. También reiteró que el Gobierno de México mantendrá abiertos los canales de comunicación con las comunidades inconformes.
Las autoridades participantes coincidieron en que cualquier decisión sobre el futuro del proyecto deberá ajustarse al marco jurídico vigente y sustentarse en elementos técnicos, legales y ambientales.
BUSCAN EQUILIBRAR DESARROLLO Y PROTECCIÓN
Funcionarios de Conagua, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Economía participaron en el encuentro y plantearon la necesidad de construir soluciones mediante diálogo, coordinación institucional y participación social.
La Semarnat afirmó que buscará comunicación directa con la empresa alemana responsable del proyecto, mientras las comunidades mantienen su exigencia de cancelar la planta por considerar que amenaza su territorio, el ecosistema y sus actividades productivas.
