Exfuncionarios de Segalmex deberán pagar más de 261 mdp por abuso de funciones

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó a tres exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) con el pago conjunto de 261 millones 211 mil 579 pesos, además de imponerles 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La decisión fue emitida por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, tras determinar su responsabilidad en abuso de funciones.

¿Quiénes son los sancionados?

Los exservidores públicos involucrados en el caso son:

  • René Gavira Segreste, exdirector de Segalmex
  • Oliverio Pérez Santoyo, exgerente de Operaciones
  • Miguel Carrillo Villarreal, exdirector de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos

De acuerdo con la resolución, los tres avalaron operaciones irregulares que provocaron un daño al erario.

CONTRATOS SIN RESPALDO

El expediente señala que los funcionarios autorizaron contratos para la compra de granos básicos sin que existiera evidencia de la entrega de los productos.

Los magistrados concluyeron que estas acciones constituyeron abuso de funciones, al permitir pagos por mercancía que no fue comprobada.

Parte de un desfalco mayor

Este caso se enmarca dentro de las investigaciones por el presunto desfalco millonario en Segalmex, uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en México.

Según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, las irregularidades detectadas entre 2018 y 2020 habrían provocado un daño patrimonial superior a 12 mil 500 millones de pesos.

Además, algunos de los implicados enfrentan procesos penales adicionales relacionados con contratos irregulares.

CONTEXTO DEL CASO SEGALMEX

Segalmex fue creada como un organismo para garantizar el abasto de alimentos básicos; sin embargo, investigaciones posteriores revelaron un esquema de contratos irregulares y pagos por productos no entregados, lo que derivó en múltiples indagatorias y sanciones administrativas y penales.

La resolución del TFJA marca un nuevo avance en el intento por sancionar uno de los casos de corrupción más relevantes en el sector alimentario del país.