El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que solicitó a la Fiscalía General de la República gestionar la emisión de una ficha roja de la Interpol contra el exmandatario Silvano Aureoles Conejo, quien es buscado por su presunta responsabilidad en la masacre de Arantepacua y por un fraude millonario.
De acuerdo con el mandatario estatal, la petición fue dirigida a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, luego de que se presume que Aureoles Conejo se encuentra fuera del país. La intención es activar mecanismos de cooperación internacional para su localización y captura.
Ramírez Bedolla detalló que existe una orden de aprehensión reciente contra el exgobernador, emitida por un juez penal en Michoacán, relacionada con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua.
Además, recordó que Aureoles Conejo ya enfrentaba una orden de arresto previa por el presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos durante su administración (2015-2021).
El gobernador subrayó que el caso es prioritario para su gobierno, por lo que mantienen coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para lograr su detención.
OPERATIVO EN ARANTEPACUA DEJÓ MUERTOS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
La masacre de Arantepacua ocurrió durante un operativo policial que derivó en la muerte de cuatro pobladores y la detención arbitraria de 38 personas. Los hechos han sido señalados como graves violaciones a derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó en su recomendación 42VG/2020 que participaron al menos 300 elementos de seguridad, quienes realizaron cateos ilegales en 56 domicilios, además de incurrir en actos de tortura y uso excesivo de la fuerza.
Investigaciones apuntan a uso excesivo de la fuerza
Según las investigaciones, el operativo se llevó a cabo tras bloqueos carreteros derivados de un conflicto agrario entre comunidades indígenas. Las fuerzas de seguridad habrían utilizado gases lacrimógenos, disparos indiscriminados y un helicóptero para distribuir armamento.
La CNDH concluyó que la actuación de las autoridades fue “ilegal, excesiva y desproporcionada”, señalando múltiples violaciones, entre ellas detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial.
ÓRDENES DE APREHENSIÓN ALCANZAN A EXFUNCIONARIOS Y POLICÍAS
Las autoridades también giraron órdenes de aprehensión contra otras 15 personas vinculadas al caso, entre ellas el exsecretario de Seguridad estatal, Juan Bernardo Corona, así como 14 policías presuntamente involucrados en los hechos.
En diciembre de 2025, se realizaron diligencias en la comunidad bajo el Protocolo de Estambul, lo que fortaleció las investigaciones y derivó en nuevas acciones judiciales contra exservidores públicos.
