El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, identificado como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada, informó la Fiscalía estatal. La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal en su contra.
Un juez de control dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que Bermúdez Requena permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México.
Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar mayores pruebas.
ACUSACIONES POR DELITOS GRAVES
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Tabasco, los cargos en su contra no se limitan a la desaparición forzada, sino que también incluyen secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.
Las autoridades señalan que existen indicios de su posible participación en hechos delictivos durante su gestión como funcionario estatal, además de un presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
#BoletínFGE: Vinculado a proceso Hernán “N” por el delito de desaparición forzada de personas. pic.twitter.com/iJN4CmsMaa
— Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) April 5, 2026
Audiencia y proceso legal
La audiencia inicial se llevó a cabo por videoconferencia, luego de que la defensa del imputado solicitara la duplicidad del plazo constitucional para preparar su estrategia jurídica.
Cabe destacar que la vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino que implica que el juez encontró elementos suficientes para continuar con la investigación judicial.
COORDINACIÓN CON INSTANCIAS FEDERALES
El fiscal estatal, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, indicó que no existe hasta el momento una solicitud formal de extradición contra Bermúdez Requena. No obstante, confirmó que se mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para el seguimiento del caso.
El avance de la investigación en los próximos dos meses será clave para determinar si el proceso penal evoluciona hacia un juicio, donde se definirá la situación jurídica del exfuncionario.
