Karime Macías Tubilla no será extraditada a México luego de que el gobierno del Reino Unido le concediera asilo político desde el año pasado, según reportaron este domingo medios británicos. Con esta resolución, la ex presidenta del DIF de Veracruz ganó la batalla legal que enfrentaba desde febrero de 2022, cuando un juez británico había autorizado su entrega a las autoridades mexicanas, siempre y cuando se resolviera primero su solicitud de asilo.
Mientras tanto, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, permanece preso en el Reclusorio Norte y enfrenta una nueva acusación por peculado.
Tras las acusaciones en su contra, Duarte huyó a Guatemala, donde fue detenido en abril de 2017. Ese mismo año, Macías se trasladó a Londres junto con sus hijos. En 2018 se giró una orden de aprehensión en su contra y en 2019 fue detenida en la capital británica con fines de extradición.
Posteriormente, enfrentó el proceso en libertad tras pagar una fianza superior a las 150 mil libras esterlinas. Aunque en febrero de 2022 el juez de Distrito y presidente de la Corte de Magistrados de Londres, Paul Goldspring, autorizó su extradición, la decisión quedó supeditada a la resolución de su petición de asilo político, la cual finalmente fue favorable.
FALLAS EN LA SOLICITUD Y ARGUMENTOS DE DEFENSA
De acuerdo con versiones difundidas, presuntas inconsistencias en la integración del expediente de extradición —atribuibles a autoridades de la Fiscalía de Veracruz, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores—, así como la posible prescripción de los delitos imputados, obstaculizaron el avance del proceso.
La defensa de Macías argumentó que era objeto de persecución política derivada de las acusaciones contra su exesposo, lo que le permitió obtener la protección del Estado británico.
Macías se divorció de Duarte en 2019 y obtuvo una pensión cercana a los 200 mil pesos mensuales para la manutención de sus tres hijos, quienes radican y estudian en Londres.
PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA DUARTE POR PECULADO
Un juez federal impuso la medida cautelar mientras se define su situación jurídica.
Un juez de control del Reclusorio Norte dictó prisión preventiva contra Javier Duarte de Ochoa por su presunta responsabilidad en el desvío de 5 millones de pesos destinados a personas con discapacidad durante su administración en Veracruz.
La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de la República presentó una nueva imputación por el delito de peculado, al señalar que los recursos federales estaban etiquetados para apoyo social.
El juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, determinó imponer la prisión preventiva y fijó el 17 de febrero como fecha para definir si Duarte será vinculado a proceso.
La Fiscalía sustentó la acusación con 38 datos de prueba. Durante la diligencia, Duarte solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será en la próxima audiencia cuando se resuelva su situación jurídica.
De avanzar el proceso, la nueva medida podría incidir en el tiempo que el exmandatario permanece en prisión. En abril de 2026 cumpliría nueve años privado de la libertad por procesos previos.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de recursos públicos durante su gestión, particularmente aquellos dirigidos a sectores vulnerables.
