FGR revela que Diego Rivera participó en el secuestro de aspirantes a la alcaldía

Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, también conocido como “El Presidente”, de participar en el secuestro de candidatos de Morena en 2021 con el fin de forzarlos a renunciar a sus aspiraciones electorales.

Según la investigación, los aspirantes Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez fueron privados de su libertad por un grupo armado encabezado por Rivera Navarro para obligarlos a firmar su renuncia a la candidatura a la presidencia municipal, las cuales presentaron ante el Instituto Electoral de Jalisco en marzo de ese año.

Autoridades continúan investigación

La indagatoria que dio paso a una orden de aprehensión contra el alcalde y tres presuntos cómplices sostiene que los candidatos fueron golpeados y retenidos en una casa de seguridad que también servía para mantener secuestrados a empresarios y comerciantes que se negaban a pagar cuotas de extorsión.

De acuerdo con el expediente, Rivera Navarro habría concertado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) su llegada al cargo y, ya como alcalde, habría dirigido una estructura criminal dedicada al secuestro, extorsión e intimidación política. Funcionarios de alto nivel del Ayuntamiento aparecen implicados, incluyendo al director de Seguridad Pública, al director de Catastro y Predial, así como al tesorero municipal y al jefe de Gabinete, entre otros.

Red de corrupción en Tequila

La FGR señala que esta red delictiva cobraba cuotas semanales y mensuales a comerciantes, artesanos y empresarios del sector tequilero bajo amenazas, acompañándose incluso de policías municipales para exigir pagos a cambio de permitir el funcionamiento de negocios. A quienes se negaban a pagar, además de secuestrarlos, en algunos casos se les asesinaba.

Las autoridades identifican al tesorero municipal como el principal operador financiero del grupo criminal, encargado de recaudar y blanquear recursos producto de extorsiones y secuestros, mientras que el director de Seguridad Pública fungía como el brazo armado y enlace con operadores del CJNG. La investigación concluye que Rivera Navarro utilizó su cargo público para consolidar una red criminal fusionando funciones del Ayuntamiento con actividades delictivas ligadas al CJNG