A cinco años de uno de los episodios más graves de afectación a la hacienda pública estatal, el gobierno de Hidalgo dio un paso firme contra la impunidad. La inhabilitación de la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, confirma que el compromiso del gobernador Julio Menchaca con la transparencia y la rendición de cuentas se traduce en acciones concretas.
De acuerdo con el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, Jessica Blancas fue inhabilitada por su participación en la contratación de servicios financieros con el banco Accendo, institución que actualmente se encuentra en proceso de liquidación judicial. Esta operación mantiene inmovilizados aproximadamente 863 millones de pesos del erario estatal, generando un daño patrimonial de gran magnitud.
La sanción no se limitó a una sola persona. También fueron inhabilitados César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, exdirector general de Ingresos de la Subsecretaría de Egresos; e Ignacio Valdez Benítez, extitular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud. Todos ellos estuvieron vinculados a decisiones administrativas que expusieron recursos públicos a un riesgo financiero considerable.
OMISIONES PESE A ADVERTENCIAS OFICIALES
Las investigaciones de la Contraloría del Estado determinaron que, pese a las alertas emitidas oportunamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la situación financiera del banco Accendo, los funcionarios involucrados omitieron retirar los recursos públicos, permitiendo que quedaran sujetos al proceso de liquidación.
Ruptura con prácticas del pasado
Para la administración de Julio Menchaca, este caso representa una ruptura clara con prácticas de gobiernos anteriores, en las que las irregularidades quedaban sin consecuencias. La actual gestión ha reiterado que no habrá protección ni encubrimiento para quienes hayan dañado el patrimonio de las y los hidalguenses.
INVESTIGACIONES CONTINÚAN ABIERTAS
La Contraloría estatal precisó que las inhabilitaciones no eximen a los exfuncionarios de posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales adicionales, mismas que podrían fincarse conforme avance el proceso de liquidación bancaria.
Con estas acciones, el gobierno de Hidalgo refrenda que la transparencia no es un discurso político, sino una política de Estado.
