La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 70 años de prisión contra María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, por su responsabilidad en el homicidio calificado del síndico municipal y de su chofer, ocurrido en enero de 2023. La resolución fue emitida por un juez tras acreditar que las víctimas fueron privadas de la vida por órdenes directas de la entonces alcaldesa.
Según la investigación ministerial, Martínez Robles ordenó que el síndico, identificado como Miguel Ángel Lara de la Cruz, y su chofer, fueran enviados a una zona considerada de alto riesgo con presencia de grupos criminales, con el supuesto motivo de atender asuntos oficiales. Nunca regresaron. Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente dentro de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla, en Zacazonapan.
▶️ 70 años de prisión es la sentencia para la expresidenta de Amanalco, María Elena Martínez Robles, es declarada culpables por doble homicidio, también se le impuso una reparación del daño de más de 200 mil pesos
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— Milenio (@Milenio) December 17, 2025
La Fiscalía destacó que la exalcaldesa no solo instruyó el homicidio con el objetivo de mantener el control sobre la administración municipal, sino que también supuestamente sostuvo comunicaciones con integrantes de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán para coordinar el ataque. La investigación documentó reuniones entre Martínez Robles y miembros de esa célula criminal para planear acciones que facilitaran su control político.
La detención de la funcionaria se realizó como parte de la Operación “Enjambre”, una estrategia conjunta entre autoridades estatales y federales —incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional— enfocada en desarticular redes criminales infiltradas en gobiernos municipales.
Además de la condena de prisión, la sentencia incluye el pago de reparación del daño por más de 200 mil pesos por cada víctima, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos. Este fallo representa una de las múltiples sentencias derivadas de la Operación “Enjambre”, que ha llevado a la detención de decenas de servidores públicos por vínculos con el crimen organizado.
