El 17 de octubre de 2025, un tribunal en Almoloya de Juárez confirmó la condena de 50 años de prisión contra María Guadalupe Martínez, mujer indígena otomí de 48 años, originaria de Temoaya, Estado de México. La acusación principal: secuestro, interpuesta por la actual pareja de su excompañero sentimental, padre de sus dos hijos.
UN PROCESO MARCADO POR IRREGULARIDADES
Desde su detención en julio de 2022, Guadalupe ha vivido con un brazalete electrónico sin que se le explicaran los cargos. Durante el juicio, no se le permitió presentar pruebas de defensa ni se le proporcionó un traductor que le ayudara a comprender el proceso en su lengua materna, el otomí. Estas omisiones han sido señaladas por organizaciones civiles como violaciones graves al debido proceso.
RACISMO Y DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL
Defensores de derechos humanos denuncian que el caso está atravesado por prejuicios de género y etnia. Guadalupe fue acusada de tentativa de feminicidio, abuso sexual y secuestro sin pruebas sólidas, en lo que se considera una represalia por haber solicitado pensión alimenticia en 2021 tras separarse de su pareja violento.
“ME SEPARAN OTRA VEZ DE MIS HIJOS”
Tras conocer la sentencia, Guadalupe declaró: “Recibo esta sentencia con mucha rabia, tristeza y dolor al pensar que me separan otra vez de mis hijos. Yo soy inocente, por eso tantas mujeres me han abrazado”. Su testimonio ha despertado una ola de solidaridad entre colectivos feministas e indígenas, que exigen justicia y revisión del caso.
