La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, en lo general y en lo particular, las reformas a la Ley de Amparo, luego de casi 16 horas de discusión. Con 307 reservas presentadas, la mayoría de Morena impulsó una modificación de última hora que la oposición calificó como una “trampa” para introducir una retroactividad encubierta en el nuevo ordenamiento.
El proyecto, avalado con tres cambios, fue devuelto al Senado de la República para su revisión final y eventual envío al Ejecutivo para su promulgación.
El diputado Hugo Eric Flores, de Morena, presentó la última reserva, que establece la aplicación de las nuevas disposiciones a las etapas procesales posteriores a la entrada en vigor del decreto, incluso en juicios iniciados previamente.
El texto sostiene que no implica retroactividad, al tratarse de actuaciones futuras dentro de procesos ya abiertos. Sin embargo, la oposición rechazó este argumento, al señalar que contradice el dictamen original que garantizaba que todos los asuntos en trámite se resolverían conforme a las reglas vigentes al momento de su inicio.
PRI Y PAN DENUNCIAN “TRAMPA PROCESAL”
Desde la bancada del PRI, el diputado Emilio Suárez Licona advirtió que la reserva “abre la puerta a la aplicación retroactiva de la ley bajo un disfraz procesal”, violando los principios de certeza, legalidad y debido proceso.
El coordinador priista Rubén Moreira acusó a Morena de recurrir a una maniobra para reinstalar la retroactividad:
“El que tiene una suspensión ya ganada, en la revisión la va a perder; el que tiene algo ganado, en el futuro lo va a perder.”
Por su parte, el vicecoordinador panista Federico Döring calificó las reformas como un “asalto” al derecho de los ciudadanos a defenderse del poder. Afirmó que Morena “quiere arrebatar por la puerta trasera” la herramienta constitucional del amparo.
Monreal: “No hay retroactividad, hay justicia fiscal”
El líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, negó que la reforma sea retroactiva o inconstitucional. Argumentó que busca frenar los abusos de grandes despachos que defienden a empresarios poderosos para evadir obligaciones fiscales.
Monreal reveló que existen más de dos mil créditos fiscales y juicios de nulidad por montos superiores a 100 mil millones de pesos, que tardan entre 16 y 22 años en resolverse.
“Queremos que paguen lo justo. Esta reforma va dirigida a los que eluden sus responsabilidades con el erario y a la delincuencia de cuello blanco”, afirmó.
Según el morenista, solo 5% de esos adeudos se logra recuperar actualmente, lo que, dijo, afecta la recaudación y limita los recursos públicos destinados a necesidades sociales.
✅ ¡APROBADA LA REFORMA A LA LEY DE AMPARO!
Con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones la @Mx_Diputados se pone fin a años de abusos de empresarios como @RicardoBSalinas que usaban el amparo para evadir impuestos.
El amparo vuelve a ser del pueblo y para el… pic.twitter.com/FdlS6bOFkO
— Juncal Solano (@juncalssolano) October 15, 2025
RESTRICCIONES AL AMPARO Y NUEVOS CRITERIOS
Las reformas redefinen el concepto de “interés legítimo”, que ahora exigirá demostrar una lesión jurídica directa —individual o colectiva—, cuyo anulación produzca un beneficio “cierto y no meramente hipotético”.
Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que esta modificación restringirá la posibilidad de que comunidades y organizaciones interpongan amparos en defensa del medio ambiente o derechos colectivos.
El decreto también eleva los requisitos para otorgar suspensiones provisionales y declara improcedentes aquellas que permitan descongelar cuentas bancarias involucradas en presuntos casos de lavado de dinero.
Asimismo, se precisa que las suspensiones no podrán concederse con efectos generales en juicios que reclamen la inconstitucionalidad de normas.
Próximos pasos
Con la aprobación en Diputados, el proyecto regresa al Senado de la República, que deberá validar las modificaciones antes de enviarlo al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Mientras Morena sostiene que las reformas fortalecen la justicia fiscal y procesal, la oposición anticipa acciones legales y controversias constitucionales por considerar que vulneran derechos fundamentales y principios del debido proceso.
