El Congreso de la Unión dio un paso decisivo en la lucha contra la extorsión al aprobar la Declaratoria de Reforma Constitucional en esta materia. Con ello, se otorga al Congreso la facultad para elaborar una ley general que unifique los tipos penales y las sanciones relacionadas con este delito en todo el país.
Tras obtener el aval de 25 congresos estatales y de la Ciudad de México, el decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor. A partir de entonces, el Congreso contará con un plazo de 180 días para emitir la nueva legislación reglamentaria.
Durante la sesión del pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, declaró formalmente la aprobación de la reforma y subrayó que el cambio responde a la necesidad de dotar al país de un marco legal uniforme para enfrentar este delito en expansión.
25 ESTADOS AVALARON LA REFORMA
La modificación constitucional fue respaldada por los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
El decreto establece que la futura Ley General contra la Extorsión deberá definir los tipos penales, agravantes, delitos vinculados y sanciones correspondientes, además de garantizar la protección integral de las víctimas.
Un delito en crecimiento
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio de 30 casos de extorsión diarios en el país, lo que representa un incremento del 57% respecto a seis años atrás.
Por su parte, el INEGI informó que en 2023 la extorsión fue el delito más común contra las unidades económicas, generando pérdidas estimadas en 124,000 millones de pesos, equivalentes al 0.51% del Producto Interno Bruto nacional.
Estas cifras reflejan el impacto creciente del delito tanto en la ciudadanía como en el sector productivo, lo que ha motivado la urgencia de una respuesta legislativa coordinada.
HACIA UNA LEY UNIFICADA
La nueva facultad permitirá que el Congreso establezca un tipo penal único a nivel nacional, eliminando las diferencias en la aplicación de justicia entre las entidades federativas.
La ley también deberá contemplar medidas para:
- Proteger a las víctimas,
- Garantizar la reparación del daño, y
- Coordinar esfuerzos entre autoridades federales y locales.
Durante la discusión, las y los diputados coincidieron en que una legislación homogénea fortalecerá la seguridad pública y otorgará certeza jurídica a las personas y empresas afectadas.
Próximos pasos
Una vez que el Ejecutivo federal publique el decreto, la reforma entrará en vigor y el Congreso de la Unión dispondrá de seis meses para aprobar la Ley General contra la Extorsión.
Esta legislación marcará un antes y un después en la forma en que México enfrenta uno de los delitos que más afectan la vida económica y social del país.
