El Gobierno mexicano pidió al juez de Control, Enrique Hernández Miranda, que la segunda audiencia de Julio César Chávez Jr. se realice mediante videoconferencia o dentro del penal de máxima seguridad donde se encuentra recluido, con el fin de evitar riesgos durante su traslado a Hermosillo, Sonora.
El recorrido desde el Cefereso 11 hasta la sala de juicios orales implica atravesar más de 40 kilómetros de zonas controladas por facciones rivales del Cártel de Sinaloa, entre ellas La Chapiza, Los Salazar y los llamados Matasalas. Estas pugnas han dejado más de 200 muertos en el último año, lo que incrementa el temor de un ataque contra el púgil y el personal de seguridad encargado de su custodia.
OFICIO OFICIAL POR MOTIVOS DE SEGURIDAD
En un documento remitido al juez, la directora del penal solicitó de manera formal que la audiencia prevista para el sábado 23 de agosto a las 17:00 horas se lleve a cabo por videoconferencia, para resguardar la integridad física de Chávez Jr. y de los agentes a cargo del operativo.
El boxeador fue deportado el lunes 18 de agosto desde la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, tras haber permanecido bajo custodia en Estados Unidos. Chávez Jr., de 39 años, fue ingresado al Cefereso 11, ubicado en un paraje desértico en la carretera Hermosillo–Bahía de Kino.
ANTECEDENTES DEL CASO
La detención de Chávez Jr. ocurrió el 2 de julio en EE.UU., después de su derrota en una pelea en Anaheim frente a Jake Paul. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de ingreso ilegal al país y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
En México, la Fiscalía General de la República confirmó que desde 2023 existía una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y tráfico de armas. El exboxeador es señalado de mantener vínculos con la facción de La Chapiza, una célula en disputa dentro del Cártel de Sinaloa.
