Por Aldo San Pedro
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En la historia contemporánea de México, 2024 quedará marcado como un periodo de profunda transformación legislativa. Este año no solo destacó por la cantidad de reformas constitucionales aprobadas, sino por la ambición y el alcance de sus objetivos. Las 13 reformas promulgadas impactaron 66 artículos y una disposición transitoria, configurando un nuevo marco jurídico para enfrentar los desafíos de una sociedad en constante evolución. La intersección entre justicia social, igualdad de género, seguridad, modernización del Estado y reconocimiento de los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas ejemplifica un compromiso legislativo que trasciende intereses particulares.
La magnitud de este esfuerzo fue posible gracias a la continuidad entre las administraciones de Andrés Manuel López Obrador, que concluyó su mandato el 30 de septiembre, y Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia el 1 de octubre. Este período compartido demostró que la voluntad política puede convertirse en un catalizador para el cambio estructural, destacándose en temas como la igualdad salarial, la protección de derechos indígenas, la eliminación de órganos autónomos y la reorganización administrativa para un uso eficiente de los recursos públicos. La sinergia lograda entre ambas administraciones también se vio reflejada en la consolidación de reformas previas, como la de la Guardia Nacional, orientadas a robustecer el marco de seguridad nacional.
Metodológicamente, este análisis combina un enfoque cuantitativo y cualitativo. El dato de que el 48.5% de los 136 artículos constitucionales fuera modificado posiciona a 2024 como un año sin precedentes en actividad legislativa desde 1917. Por otro lado, una evaluación cualitativa revela cómo estas reformas se alinean con objetivos estratégicos de justicia, igualdad y modernidad. La perspectiva histórica también destaca que, de las 268 reformas acumuladas desde 1917, este año contribuyó significativamente a modernizar nuestra Carta Magna en términos prácticos y simbólicos.
Entre las reformas más notables, la democratización del Poder Judicial introduce un cambio estructural mediante la elección directa de jueces y magistrados, así como la reducción de los ministros en la Suprema Corte de Justicia. Este avance busca acercar el sistema de justicia a la ciudadanía, permitiendo que las personas ejerzan un mayor control sobre sus representantes en el Poder Judicial. Sin embargo, también despierta inquietudes sobre posibles riesgos de politización en este proceso. En paralelo, el establecimiento del Tribunal de Disciplina Judicial representa un esfuerzo por fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia institucional.
Por otra parte, el reconocimiento pleno de los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas se consolida como un hito histórico. Estas modificaciones no solo refuerzan su participación en el desarrollo nacional, sino que también garantizan su inclusión jurídica y cultural. Se les otorga personalidad jurídica y la capacidad de autogestión, lo que facilita su desarrollo económico y social, respetando sus costumbres y tradiciones. Además, se promueve la preservación de sus lenguas, la medicina tradicional y la participación de las mujeres indígenas en igualdad de condiciones.
En el ámbito de la seguridad, la reforma para consolidar la Guardia Nacional bajo un marco de respeto a los derechos humanos busca fortalecer la percepción pública y la eficacia operativa de esta institución. La incorporación de principios de transparencia y capacitación especializada será clave para garantizar que esta fuerza de seguridad cumpla con su misión sin comprometer las libertades individuales. No obstante, la correcta implementación y supervisión serán esenciales para equilibrar las necesidades de seguridad pública con los principios democráticos y de derechos humanos.
La modernización del Estado también abarca la eliminación de órganos autónomos, un tema controvertido que, aunque busca optimizar recursos públicos, plantea interrogantes sobre los contrapesos democráticos. Esta medida tiene el potencial de reducir la burocracia y acelerar los procesos administrativos, beneficiando a las personas al mejorar la eficiencia en la prestación de servicios. Complementando estas medidas, encontramos avances en protección animal, estableciendo un marco normativo contra el maltrato y fomentando una legislación ética que promueva el bienestar animal. Esta reforma también incluye un compromiso del Estado para garantizar la protección y el cuidado de los animales, prohibiendo de manera contundente el maltrato y promoviendo programas educativos para concientizar sobre la importancia del respeto hacia los seres vivos.
Además, las nuevas facultades otorgadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) representan un cambio significativo. Ahora, la SSPC asume un rol más amplio en la formulación y supervisión de estrategias nacionales de seguridad, lo que refuerza su capacidad para enfrentar amenazas emergentes y coordinarse con los estados y municipios. Este enfoque busca centralizar recursos y garantizar una mayor eficacia operativa, aunque también plantea el reto de evitar excesos o duplicidades en su ejecución.
La igualdad salarial y las medidas para erradicar la violencia de género también se destacan como pilares fundamentales de estas reformas. Ahora, la brecha salarial de género deberá ser eliminada mediante mecanismos legales claros, lo que impactará directamente en el bienestar económico de las mujeres trabajadoras. Asimismo, se establecen fiscalías especializadas en delitos relacionados con violencia de género, garantizando una respuesta efectiva y protegiendo los derechos de mujeres y niñas.
Otro aspecto importante es la reforma en materia de bienestar, que garantiza pensiones no contributivas para personas mayores de 65 años y personas con discapacidad permanente. Esto representa un avance significativo para reducir las desigualdades sociales, brindando apoyo directo a los sectores más vulnerables. De igual forma, se fortalecieron los derechos laborales de las personas trabajadoras, incluyendo acceso a vivienda digna mediante el fortalecimiento de fondos y programas específicos.
A pesar de los logros, existen áreas críticas que demandan atención. La implementación efectiva de estas reformas dependerá de la aprobación de leyes secundarias y del diseño de mecanismos claros de evaluación. Además, la politización de ciertos aspectos podría limitar la confianza ciudadana en las instituciones responsables de ejecutar estos cambios. Por ejemplo, la elección directa de jueces requerirá garantizar la independencia judicial frente a presiones políticas.
Finalmente, estas reformas presentan una oportunidad única para mejorar la confianza en las instituciones, reducir desigualdades, promover la seguridad y modernizar la administración pública. Sin embargo, los retos asociados subrayan la importancia de un esfuerzo conjunto entre gobierno, instituciones y sociedad civil para traducir estos avances legislativos en beneficios tangibles para la población.
El año 2024 será recordado como un momento decisivo en la historia de México, no solo por la magnitud de las reformas aprobadas, sino por su capacidad para redefinir las estructuras del país. Sin embargo, el verdadero legado de estas reformas no se determinará por su aprobación, sino por su implementación efectiva y los resultados concretos que logren en la vida de las y los ciudadanos.
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